Asistí a la segunda Cumbre de Ciudades Inteligentes en Toronto, organizada por la Junta de Comercio de la Región de Toronto. Como describo en mi "storify" de tuits del evento (más abajo), la confianza se perfila como uno de los principales motores de la inversión en ciudades inteligentes. En consonancia con los comentarios de los profesionales de la gestión de la inversión pública (GIP), la reforma de la contratación se considera necesaria para que las ciudades se vuelvan inteligentes. Las técnicas de probada eficacia utilizadas por las principales empresas tecnológicas, como lean, design-thinking y agile, están reñidas con la normativa y los procedimientos de contratación pública.
Los participantes en la conferencia describieron siete inhibidores de la contratación pública:
- Los procesos de evitación de riesgos hacen que la contratación se centre en las tecnologías tradicionales y los grandes proveedores, en detrimento de los nuevos pequeños proveedores que ofrecen soluciones innovadoras.
- Procesos de certeza del proyecto que impiden la experimentación, como el desarrollo ágil, especialmente en un entorno en el que la innovación se asocia a un mayor riesgo.
- Normativa sobre propiedad intelectual: los vendedores son reacios a describir soluciones innovadoras porque el Gobierno puede apropiarse de la idea.
- Normativa sobre proveedores que dificulta la asociación con proveedores
- Restricciones normativas generales y de las partes interesadas para la contratación pública
- El equilibrio presupuestario y la normativa financiera de los gobiernos dificultan el aprovechamiento de innovaciones como la computación en nube en los presupuestos operativos, ya que éstos se están reduciendo.
- La anticuada tecnología de back office dificulta la gestión integrada de la inversión pública